¡En Atitlán vamos mal!

Hola que gusto saludarlos nuevamente, le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da otra vez para comunicarme con ustedes; en el mes de agosto sufrí serios problemas de salud que me tuvieron interno dos meses en un hospital nacional en la ciudad de Guatemala, luego gracias a una fundación cristiana pude viajar a Canadá a tratar el mal que me aquejaba viéndome en la obligación de dejar este paraíso llamado Lago de Atitlán; pero ya estoy de nuevo por acá todavía en proceso de convalecencia pero con ganas de aportar por la conservación del lago, durante el proceso de tratamiento de mi enfermedad hubieron cosas positivas como haber podido conocer al señor Brian Tamblyn Jefe del Comité Coordinador de la Autoridad para la Conservación de la Región del Lago Simcoe, quien me permitió conocer el interesante trabajo que hace este ente para proteger uno de los más importantes lagos del sureste de Ontario en cuya cuenca viven al rededor de 400,000 personas; dentro de lo más importante que aprendí de esta gente que lleva décadas protegiendo el lago es que el papel fundamental de la Autoridad es hacer valer la autoridad, la parte técnica y de gestión son importantes, pero no más importantes que hacer valer la ley y aplicar disciplina, en ese simple hecho de cumplir y respetar a cabalidad las leyes y reglamentos y de aplicar acciones disciplinarias ejemplares está el éxito de la protección y conservación, aprendí que la aplicación de las leyes para proteger el lago no puede ser discrecional ni mucho menos se puede negociar, realmente una gran experiencia que obtuve sin buscarla, no hay duda que ha sido una bendición de Dios. Pero estoy triste, muy triste por lo que veo, me fui con la esperanza de que las cosas para nuestro lago iban a cambiar, me fui con las promesas en los oídos que se iba a ser valer lo contenido en el nuevo reglamento de AMSCLAE, pero ahora veo que no fueron más que promesas, esa entidad clave para el lago ha caído nuevamente en el descuido de su autoridad, hacer valer las leyes y reglamentos es lo que menos veo que hagan, las acciones legales disciplinarias sobre los contaminadores del lago y destructores de la cuenca brillan por su ausencia, una autoridad que no impone autoridad no merece llamarse como tal, la gente está perdiendo la esperanza y la confianza en esta institución, pero sobre todo, lo que más me preocupa le está perdiendo el respeto y eso si no se puede permitir; vamos caminando por la senda equivocada. La parte técnica y de gestión son importantes, pero no más importantes QUE CUMPLIR Y HACER VALER LA LEY E IMPONER DISCIPLINA, cuantos problemas ambientales se hubieran evitado, cuantos recursos nos hubiéramos ahorrado si se cumplieran las leyes y los mandatos de protección del ambiente y de manejo de desechos y de conservación de bosques y fuentes de agua, por eso en este mi primer aporte del año 2013 exijo, en mi nombre y a nombre de mi familia y mi comunidad que AMSCLAE tenga el VALOR y la excelsitud ética y moral para cumplir y hacer valer la ley, en el lago se necesita ORDEN y DISCIPLINA, basta ya de tantas consideraciones y contemplaciones.

NO CUMPLIR Y NO HACER VALER LA LEY ES PERMITIR EL ECOCIDIO DEL LAGO DE ATITLÁN

Un gusto saludarlos

Gabriel Hernández Pérez

ECOCIDIO

Autora: Polly Higgins 

Una tarde, después de un día ordinario de trabajo como abogada en las cortes de  Londres, me detuve a observar con detenimiento el panorama desde mi ventana; hasta ese momento mi trabajo y mis estudios habían servido únicamente para satisfacer los intereses económicos de seres humanos sin ningún reparo en el daño ambiental que causaban. Aquella tarde fui sincera conmigo misma, decidí no ser más copartícipe de aquella amenaza que sólo priorizaba las ganancias antes del bienestar general y el respeto a la vida en su conjunto. Entendí cual era mi verdadero proyecto de vida y concluí que debía aprovechar mi conocimiento laboral sobre la filosofía empresarial y utilizar mi experiencia jurídica a favor del planeta Tierra.

Al dedicarme de lleno a la abogacía ambiental, comencé a involucrarme más en todo tipo de foros y espacios públicos para proponer y aprender más sobre posibles soluciones que pudieran minimizar la vorágine depredación de la biodiversidad en la Tierra. Ya en ese camino, durante las negociaciones climáticas de Copenhague, durantela COP15 del 2009,  vislumbré por primera vez la idea de promover, desde las instituciones existentes del Derecho Internacional Público, la penalización de la destrucción de ecosistemas de una manera equiparable al crimen de Genocidio, contemplado en el Estatuto de Roma y adscrito a la competencia de la Corte Penal Internacional. Comprendí que necesitábamos crear un nuevo lenguaje jurídico para poder definir, prevenir y castigar acciones ineluctables que permiten que ejecutivos de corporaciones, jefes de Estado y directores de bancos, puedan dañar y destruir ecosistemas impunemente sin reparar en los posibles riesgos, no sólo para las naciones, sino para la humanidad en su conjunto. Por tal motivo en mayo del 2010 entregué a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la propuesta de incluir alEcocidio como el quinto crimen contra la paz, propuesta que les invito a conocer en las siguientes líneas:


"El Ecocidio concierne a la comunidad internacional"

Existen ciertos principios universales que serían condenados vehementemente a nivel mundial si algún gobierno o individuo decidiera violentarlos. Por ejemplo, realizar actos que promueven la aniquilación de un grupo nacional, racial o religioso podría ser evidenciado como un genocidio y automáticamente atraería el repudio de una moral universal que ha sacralizado la vida humana.

Fue a partir de los horrores que sufrió la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial que se impulsó la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en virtud de preservar la paz y asegurar la mejor calidad de vida de las generaciones venideras. La atrocidad de la guerra expuesta en su forma más vil dentro de los campos de concentración nazis, permitió acuñar el término de Genocidio para describir una conducta criminal que destruía sistemáticamente la vida humana. Tal dimensión de violencia institucionalizada, motivó la creación de juicios ad hoc de carácter internacional que pudieran procesar y castigar a los culpables. Sin embargo, fue hasta el 2002, con la conformación de la Corte Penal Internacional, que se aseguró la existencia de un tribunal permanente de justicia que procesara “los más serios crímenes que conciernen a toda la comunidad internacional”, comúnmente conocidos como crímenes contra la paz, los cuales son: Genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Ahora dejo ante ustedes la consideración del Ecocidio.

 El crimen

Ecocidio es un neologismo que denota la destrucción a gran escala, en parte o en su totalidad, de los ecosistemas de un territorio dado. Se trata, en esencia, de una antítesis a la vida.

La existencia de un Ecocidio puede derivarse de dos posibilidades: 1. Como consecuencia de una fuerza mayor o “actos de la naturaleza” (un terremoto, tsunami, erupción volcánica, etc.) o; 2.  Como obra de las actividades humanas. En ambos escenarios, el Ecocidio puede abarcar varios Estados y, por lo tanto, múltiples jurisdicciones. Tal realidad hace necesaria la intervención del Derecho Internacional Público, que debe determinar la existencia o inexistencia de responsabilidad en la afectación en un sitio determinado. Para tal efecto, la propuesta presentada a la ONU para criminalizar al Ecocidio se definió de la siguiente manera:


“Es la intensa destrucción, daño o pérdida de ecosistemas de un territorio dado que, por la acción humana u otras causas, afecten el pacífico goce de dicho territorio a sus  habitantes por su severa disminución.”

Bajo esta definición, podríamos clasificar dos categorías de Ecocidio,primeramente un Ecocidio que puede ser determinable y puede ser adjudicado a la responsabilidad de una o varias persona jurídicas, sean físicas o morales. En segundo lugar podemos hablar de Ecocidios indeterminados, que al igual que los determinados, generan daño, destrucción o pérdida de un territorio atribuible a acciones humanas, pero que, por su origen o las condiciones dadas, resulta imposible adjudicar la responsabilidad a alguien concreto.

Aunque la destrucción de grandes áreas naturales puede ser causada, directa e indirectamente por varias actividades como lo son las pruebas nucleares, las prácticas extractivas, la utilización de químicos peligrosos, la aplicación de defoliantes o una situación de guerra; un Ecocidio determinable puede ser atribuido exclusivamente a una persona jurídica, como fue determinado por el máximo tribunal ecuatoriano en 2010 en el polémico caso contra  la compañíaTexaco-Chevron, encontrada culpable de contaminar miles de hectáreas amazónicas con residuos tóxicos; otro caso de Ecocidio determinable es el que cometen las municipalidades en la cuenca del lago de Atitlán que descargan aguas residuales sin tratamiento y basuras al cuerpo de agua, mismo que puede ser atribuido a las personas jurídicas municipales.  

Naturalmente cada caso que presente una destrucción, daño o pérdida de los ecosistemas requiere un profundo análisis. Mientras la destrucción y la pérdida de ecosistemas es relativamente fácil de determinar, la responsabilidad del sujeto o los sujetos ecocidas será una tarea de gran complejidad.

Defender a las naciones débiles

Actualmente las grandes corporaciones trasnacionales ocupan el lugar de los antiguos imperios coloniales. En realidad, poco ha cambiado desde que las naciones africanas, asiáticas o latinoamericanas se hicieron independientes de sus antiguas metrópolis europeas. El neocolonialismo persiste y se agudiza.Hoy, la estrategia de las corporaciones consiste en asegurar contratos a largo plazo en países que cuentan con una escasa o nula legislación ambiental, así pueden establecer sus reglas y manipular gobiernos que, en muchos casos, son sobrepasados económicamente por las mismas empresas.

Este neocolonialismo tiene por objetivo extraer intensivamente recursos naturales y aumentar las ganancias de los inversionistas sin observar ni prever el desajuste que sus actividades pueden tener en el equilibrio natural del ecosistema que explotan. Tal situación amerita que inmediatamente sea reconocido el crimen de Ecocidio, ya que estas prácticas tan comunes desencadenarán tarde o temprano motivos de guerra. Es importante reflexionar que, en la mayoría de los casos,  la colonización fue resultado de la imposición forzosa de naciones poderosas sobre poblaciones originarias. No hubo consentimiento ni negociación, hubo sometimiento y abuso.

Las fronteras cambian con el tiempo, como también cambian los gobernantes y poseedores de la tierra. La importancia de esta propuesta implica adscribir a los responsables de la administración de un territorio dado a principios reconocidos y afirmados globalmente, reconociendo que la propiedad privada está supeditada a una gestión ambiental responsable que prevea la mínima afectación a los seres humanos, a los animales, al agua, a la tierra fértil, etc.

Una responsabilidad estricta

La Convención para la Prevencióny Castigo del Crimen de Genocidio, estipula que el responsable de este crimen es castigable sin importar el rango o cargo de quien lo perpetró. Dicho principio de responsabilidad estricta fue creado especialmente para procesar a los nazis responsables del Holocausto judío por el Tribunal Internacional de Nuremberg, el cual afirmó:


"Los crímenes contra el derecho internacional son cometidos por hombres, no por entidades abstractas, y sólo castigando a los individuos que cometen tales crímenes el derecho internacional puede cumplirse”

El Ecocidio también debe reconocer el principio de responsabilidad estricta por cuatro razones:

 1.Es un crimen de consecuencia, lo cual quiere decir, que no castiga a la conducta en sí, sino a la consecuencia de la conducta. Por ejemplo: Una empresa dedicada a la hotelería en la cuenca del lago de Atitlán que no contemple el manejo y tratamiento de sus aguar residuales y desechos sólidos está proclive a cometer un Ecocidio, debido a ello, quienes tomen la decisión de efectuar dicha empresa, estarán sujetos a las consecuencias penales que pueda conllevar su riesgosa decisión. El reconocimiento del Ecocidio como crimen será una fuerte presión para sustentar la economía en actividades de bajo impacto ambiental.

2.La gravedad y las consecuencias del daño ambiental causado, serían vistos  como resultado de la acción jurídica de una persona que concibió la potencialidad del crimen.

3.Históricamente los tribunales han asumido que una corporación y sus directores  no pueden ser considerados criminales. Sin embargo, el reconocimiento de la responsabilidad estricta, permitiría procesar y sentenciar a corporativos culpables de Ecocidio.

4.La responsabilidad estricta promoverá una importante cultura de prevención en  los daños potenciales de quienes toman las decisiones. En el caso del Ecocidio, como en los demás crímenes contra la paz, lo esencial, en última instancia, es la prevención de una guerra.

La falta de una responsabilidad estricta refleja un fracaso regulativo. Claro ejemplo de ello es la situación  de la selva amazónica, donde las multas a empresas son cotidianas por violar la normatividad ambiental. La responsabilidad se paga y punto. Sin embargo, si los responsables quedaran sujetos a un proceso penal internacional, la principal preocupación de las empresas no recaería en pagar sanciones pecuniarias, sino en evaluar las consecuencias penales de sus actos y el desprestigio que la acusación de Ecocidio implicaría.

Reparación del daño

Además, siendo el Ecocidio un delito tipificado y regulado, exigiría la reparación del daño causado,  instrumento legal mucho más poderoso que la mera justicia pecuniaria.

La reparación asegura que no se pueda evadir la responsabilidad con el abandono del cargo ejecutivo o a través de la venta de la propiedad afectada.

Complementariedad

La adopción del Ecocidio como quinto crimen contra la paz incitaría a los Estados firmantes del Estatuto de Roma a legislar en su normatividad interna el crimen. Su adopción en la ONU, daría al Ecocido el carácter de una obligación erga omnes, es decir, una obligación general.

En el Estatuto de Roma existe el principio de complementariedad, por medio del cual la Corte Penal Internacional puede complementar sistemas judiciales nacionales y puede ejercer su jurisdicción cuando los tribunales nacionales se encuentren indispuestos o sean incapaces de investigar o procesar los crímenes que persigue la Corte.

Se puede cambiar la historia

La propuesta se encuentra en manos de la Organización de las Naciones Unidas. Su reconocimiento implica unaenmienda al Estatuto de Roma, documento que contiene los actuales crímenes contra la paz. Para alcanzar la reforma, es necesaria la votación de las dos terceras partes dela Asamblea General de la ONU. El tema podría ser discutido y votado en la próximo Cumbre de la Tierra,que se llevará en Rio de Janeiro, Brasil, en 2012. Hoy todo nuestro esfuerzo se encamina a ello.

Tengo la esperanza de que las Naciones Unidas no entierren esta propuesta. Sabemos que existirá un fuerte cabildeo corporativo para impedirlo, pero debemos intentarlo. La ONU fue creada para representar a los pueblos, a nosotros, las personas del mundo. Ha llegado el tiempo de hablar claro y comenzar a exigir a nuestros gobiernos una reacción ejemplar ante el daño y la destrucción insoslayable de nuestra Tierra.

¡Podemos cambiar la historia!

Nuevo rastro de Sololá una amenaza ambiental

Por este medio quiero denunciar públicamente que la municipalidad de Sololá está construyendo el rastro municipal sin contar con los estudios previos de factibilidad y de impacto ambiental, en flagrante violación a las leyes ambientales del país y a lo establecido en el reglamento de rastros (acuerdo gubernativo 411-2002). Esta prisa se debe a que tiene compromisos fuertes con la Cooperación Española que está financiando parte del proyecto y compromisos fuertes de carácter político y económico con la empresa constructora; lo cual ha llevado a la comuna sololateca a iniciar esta obra en perjucio del ambiente y la salud de los sololatecos, a los que usa de excusa para justificar la obra. Es tanta la urgencia que llevan en la obra que hasta la ley de contrataciones del estado han violado, ya que hasta hoy no han publicado nada en Guatecompras a pesar de que ya tienen más de un mes de estar trabajando en la construcción del rastro, lo que hace pensar que hay cosas muy oscuras detras de este proyecto. Lamentablemente la municipalidad de Sololá se ha caracterizado por ser una de las más corruptas del país, de lo que dan fe muchas empresas constructoras e ingenieros que han trabajado y trabajan proyectos con esta comuna, para adjudicar un proyecto a una empresa en particular en la municipalidad de Sololá pide comisión el técnico de la OMP, los concejales, el alcalde, el tesorero y hasta el ingeniero de obras municipales, lo que posteriormente se traduce en obras de mala calidad y más si es como esta del rastro municipal en donde se está trabajando sin estudios técnicos que avalen la calidad de la construcción, el funcionamiento y operación de la misma y sobre todo que garanticen que el impacto ambiental será mínimo.

Estamos preocupados por la salud de las personas que viven cerca de donde se está construyendo el rastro, pero no solo por ellas sino por todas las personas que viven dentro de la cuenca del río San Buenaventura que se verán seriamente afectadas por las altas cargas de contaminación que este rastro emita cuando esté funcionando (comunidades como San Isidro, Peña Blanca y la escuela EFA), lo que llama la antención fuertemente es que también se verá afectado el sector turístico ya que este río desemboca en la bahía de San Buenaventura en el lago de Atitlán donde se ubican hoteles importantes del área como el Hotel Atitlán, La Riviera de Atitlán, El Hotel Visión Azul, así como la reserva natural Atitlán (mariposario). Pero no sólo la salud de las personas nos preocupa, nos preocupa tambien el recurso agua de la zona, los nacimientos, el río que recibira la contaminación directamente y el lago de Atitlán que la recibirá también a través del río.

En donde está CONAP, el MARN y AMSCLAE que son las instituciones que tienen que velar por la protección del ambiente, del área protegida y del entorno de la cuenca del lago de Atitlán, se han hecho de la vista gorda ante la construcción de este rastro que no cumple con los requisitos que exige la ley, tal parece que están de acuerdo con la municipalidad de Sololá para consentir la construcción de esta obra sin contar con los dictámentes necesarios y las licencias necesarias, no cabe duda que la corrupción en Sololá campea sin control en todas las instituciones públicas.

Seguramente la municipalidad de Sololá está en este tiempo armando algunos estudios que justifiquen la construcción del rastro para en el futuro cubrirse las espaldas porque ya habran encontrado alguna empresa o consultoría que se preste a estos juegos sucios para hacerles fuera de tiempo los estudios que necesita, lo cierto es que actualmente no tienen nada y que la obra la deben de parar hasta que realmente demuestren que esta obra no será un foco de contaminación ambiental como se avisorá y que llenará todo los requisitos que exigen las leyes ambientales del país y el mismo reglamento de rastros vigente; seguramente pensaron, la gente de esa comunidad es ignorante y no conoce de leyes ni de procedimientos iniciemos la obra así sin los estudios y ya veremos en el camino como conseguimos los estudios, para mientras hablemos con los del MARN, CONAP y AMSCLAE para que se hagan los babosos, tenemos que quedar bien con la Cooperación Española y con la empresa constructora, ya después publicamos el proyecto en Guatecompras y todo tapado.

Que triste que se sigan dando estos actos descarados de corrupción y más triste que la gente se haga la desentendida y no los rechace y los condene, ya es hora sololatecos de tomar cartas en el asunto y defender los derechos que tenemos, ya basta de que se nos pisotee por parte de las autoridades locales por darle rienda suelta a los deseos de robar y hacerse de dinero a costillas del pueblo.

Si van a trae proyectos por favor que sean de beneficio para la población y no para unos poquitos que son los que siempre se embuchan, que sean proyectos en donde haya habido realmente participación de la ciudadanía afectada directamente y donde se haya conseguido el consentimiento de la misma, que además llenen los requisitos que exige la ley y que se hagan bien en todos los sentidos de la palabra, especialmente desde la perspectiva ambiental.

Por el bienestar de todos los sololatecos y por el rechazo al intervencionismo español que desde hace más de una década se está defecando en Sololá y en sus recursos naturales.

Gabriel Hernández
"El Indio Gabriel"

PD: a sugerencia de uno de los lectores incluyo esta fotografía aérea del mapa en donde se ha tratado de ilustrar muy claramente que el terreno donde se está construyendo este nuevo rastro no llena las condiciones de ubicación establecidas en el Artículo 6 del reglamento de Rastros Decreto 411-2002, en donde literalmente el inciso "b" dice: b) Sólo se autorizará la construcción de rastros en predios ubicados a no menos de dos mil quinientos (2500) metros de poblaciones, escuelas, hospitales u otras instituciones públicas de servicio.

Si pueden apreciar amables lectores, el punto amarillo señala la ubicación del nuevo rastro y el círculo rojo representa la restricción establecida en el inciso "b" del artículo 6 del reglamento ya mencionado, si se dan cuenta todo el casco urbano de Sololá, todas las escuelas y colegios de l casco urbano, la UVG, el hospital nacional, las comunidades del Molino Belén, El Pancá, Peña Blanca, San Isidro, Monte Mercedes, Chuimanzana, parte de San Jorge, la reserva natural Atitlán, quedan dentro de los 2500 metros de restricción establecidos por la ley por lo que simple y sencillamente por no cumplir con este requisito no debía de iniciarse la construcción del nuevo rastro, ni debe seguirse construyendo por bienestar de todas las comunidades afectadas. (El círculo rojo tiene un radio exacto de 2500 metros).

Las presiones políticas (7 de mayo de 2010):

El tema del nuevo rastro para Sololá es ahora mucho más preocupante, no sólo por el gran impacto negativo que tendrá sobre la salud de las personas del área, los turistas y los recursos naturales de la subcuenca del río San Buenaventura sino por lo perjudicial que será para el lago de Atitlán; pero sumamente preocupante es por la forma en que se está llevando el proyecto, un proyecto que está siendo apadrinado por la Primera Dama Sandra Torres a través del programa Todos Juntos por el Lago, que ofreció hacer todo lo posible por conseguir la aprobación y construcción del rastro de Sololá aunque ello significara pasarse por arriba de la ley y de los procedimientos correctos; según supe de la misma boca del señor alcalde de Sololá en fecha 5 de mayo de 2010, hace una semana casi, que el dictamen favorable del CONAP y que la Resolución favorable del MARN para poder continuar con la construcción del rastro ya se tenían y que fueron negociados en el seno de ese programa Todos Juntos por el Lago, ya que de ahí fue que se giraron las ordenes expresas al CONAP central y al MARN para que sin discusión agilizaran el proceso porque era un ofrecimiento al alcalde y pueblo de Sololá que había que cumplir de inmediato aunque ese nuevo rastro sea una amenaza real para la biodiversidad de la zona, para la salud de las personas, para el lago de Atitlán y aunque se esté violando la ley de áreas protegidas de Guatemala y la ley de Protección del ambiente, el alcalde estaba sumamente impresionado porque un proceso que se había entrampado por meses se había resuelto de manera inmediata y en menos de un día gracias a la gestión de la Primera Dama y la Señora Ana Méndez. El mismo alcalde dijo también en esa misma fecha que el dictamen favorable de AMSCLAE también se tenían que dar sin contratiempos ya que era una orden de la primera dama y que la licencia del MAGA ya no era problema porque desde el mismo programa se iba a ordenar al Ministro de Agricultura que a la brevedad posible se extendiera la licencia para la operación del rastro aunque este no llenara los requisitos que demanda la ley y violara flagrantemente el Acuerdo Gubernativo 411-2002, que a ella le venían del norte estos reglamentos, dictámenes y resoluciones, Don Pedro Saloj alcalde de Sololá expresó su beneplácito y felicidad por el apoyo que directamente y abiertamente le está brindando la Primera Dama, la señora Ana Méndez y el programa Todos Juntos por el Lago al municipio y pueblo de Sololá.

Hay que tener cuidado con lo que el gobierno dice, por un lado se llenan la boca con decir que se ha hecho una y mil acciones por rescatar el lago de Atitlán y por otro lado se callan todo lo que han hecho que está destruyendo el lago y todo lo que harán que lo seguirá destruyendo con tal de complacer y mantener contentos a los alcaldes del departamento, acciones movidas principalmente por intereses políticos sucios, lo que quieren es promover la imagen de la primera dama en miras de una campaña electoral, lo que está también siendo fuerte y descaradamente apoyado por los alcaldes de Santiago Atitlán, San Juan la Laguna y la Señora Gobernadora de Sololá.

Habrá alguien capaz de ponerle fin a este tráfico de influencias y a la corrupción que impera en el departamento de Sololá y en el programa Todos Juntos por el Lago que es obvio que se ha convertido en el enemigo número uno del lago con las acciones irracionales e ilegales que toma. Seguramente este proyecto del rastro debe de ser un hueso bien carnudo porque ya se preguntaron ustedes porque tanto interés, porque tanta insistencia y porque tanta presión porque este proyecto perjudicial se realice, les dejo la inquietud sololatecos y amigos del lago.